Porque en la democracia española la corrupción es generalizada.
Puede que si decimos corrupción usted sólo piense en Gürtel, pero por ilustrar diremos que en 2009 la justicia española tenía abiertas 730 investigaciones judiciales por corrupción. El oro y la plata se lo llevaban, lógicamente, PSOE –con 264 causas– y PP –con 200–. En las pasadas elecciones municipales y autonómicas concurrieron en las listas electorales cientos de políticos imputados en casos de corrupción –aquí hay una lista con los cincuenta más significativos–. Además, la corrupción no son sólo prevaricación y escándalos urbanísticos. Este año 2011, por poner otro ejemplo de corrupción, hemos sabido que el 20% de los nuevos altos funcionarios del Estado es familiar de otro alto funcionario. Aprovecho para reseñar, y no quiero perder la ocasión de invitarles a que se toquen los cojones, que lo que dice al respecto el autor del estudio es que ‘una hipótesis es que los hijos de los altos miembros de la administración son más competentes que el resto’.
¿Esto es así en todas partes?
No, lógicamente. No es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia. El Índice de Percepción de Corrupción publicado por International Transparency en 2010 señalaba que los países menos corruptos del mundo eran Dinamarca –que también el país de más alta felicidad subjetiva–, Nueva Zelanda –que tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo–, Singapur –por la razón poco espectacular de que tiene una de las leyes anticorrupción más severas– y Finlandia –el país con el mejor sistema educativo del mundo–. De los diez primeros, cuatro eran escandinavos. Diremos, como posdata, que España figuraba en el puesto 30 a nivel mundial y en el 16 entre los países europeos.
¿A quién beneficia todo esto?
Pues imagínenselo. A principios de año PP y PSOE cerraron un acuerdo parlamentario para evitar que la ley les impidiese incluir imputados en sus listas. El votante, aún así, podría sortearlo no votando al candidato imputado y sí a los demás, pero como se ha dicho las listas son cerradas y si quieres votar a un partido, tienes que votar también a sus imputados. La propuesta de reforma de la ley electoral elevada al parlamento el año pasado hubiera acabado con las listas cerradas, pero una vez más fue bloqueada por PSOE y PP.
