Tuesday 5 October 2010

Letter to Sr. Marc Pons Pons, Presidente, Consell Insular de Menorca

Michael Lermontov Midgley

Edifico 2, Apt. 3, C/d’es Port, Es Castell, Menorca, 07720. Tel. 971 364 292. Email afcpetition@hotmail.com

Sr. Marc Pons Pons

Presidente

Consell Insular de Menorca

Placa de la Biosfera 5

07701 Mahon

Menorca

Spain Octubre 4, 2010.

Estimado Sr. Pons,

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA, SR. MARC PONS PONS

El pasado mes de junio una compañera suya de partido (PSOE) le entregó un informe detallado de un caso de estafa inmobiliaria contra una pensionista británica, residente permanente en la isla, con la petición expresa de velar por los intereses de la pensionista.

La petición es consecuente con los valores que España ha prometido apoyar como firmante de la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea y con el derecho otorgado al Estado por la Constitución española permitiéndole intervenir, por motivos de interés público, en un negocio privado.

Constatamos, pasados tres meses, que se ha hecho caso omiso a la petición, por lo que quisiera, una vez más, atraer su atención poniendo especial énfasis en los siguientes puntos:

. La propiedad inmobiliaria consiste en el domicilio de la pensionista y en lo que viene a ser un fondo para su jubilación. El valor global es de aproximadamente 1.500.000€, cantidad que constituye, probablemente, uno de los mayores desfalcos inmobiliarios cometidos en España contra una ciudadana británica.

. Los dos menorquines involucrados en el asunto son un importante contratista local del Govern Balear y un agente inmobiliario con acreditación de API, quien, además es vocal del Partido Popular y tiene, al parecer, antecedentes penales.

. Durante el desarrollo del caso, los dos menorquines han burlado repetidas veces las leyes de protección al consumidor, tanto españolas como europeas. No han respondido a las demandas de información para una auditoria de Hacienda, ni a la demanda de información enviada por “burofax” por la abogada de la pensionista, ni han confirmado ni desmentido si existen antecedentes penales para uno de los implicados.

. Según la ley española, el derecho a la presunción de inocencia está seriamente comprometido si hay antecedentes penales y si hay obstrucción a la hora de proporcionar datos relevantes.

. El consejo legal dado a la pensionista es: “Que se pueden presentar serios cargos de fraude en el juzgado penal.”

. Sin embargo, la actitud de los menorquines implicados parece ser ésta: “Aunque nuestro comportamiento haya sido criminal, no podéis conseguir nada. En Menorca podemos actuar con impunidad.”

. Esta impresión ha sido corroborada por el Consejo del Parlamento Europeo cuando afirma que el sistema judicial español puede que no “sea un sistema efectivo para conseguir justicia.”(Auken Report), y también por una ONG domiciliada en Berlín: “Transparency International”, que afirma que el 40% de los españoles consideran que el sistema judicial español es corrupto. El monitor británico de Internet, “Eye on Spain”, aconseja que: “no hay nadie fiable en España referente a la propiedad inmobiliaria, incluyendo a agentes inmobiliarios, abogados, promotores e incluso al gobierno.”

. El trasfondo general de este caso es la epidemia nacional de fraude inmobiliario dirigido contra británicos. Un programa de televisión británica decía que “el tamaño del problema da miedo.”

. El Parlamento Europeo ha dicho que incluso el estado español es una victima significante del fraude inmobiliario.

. En Menorca el fraude inmobiliario pone en juego la buena reputación de la isla como destino seguro para inversiones. Por ejemplo, la asociación española Ciudadanos Europeos, aconseja a los extranjeros que no compren propiedades en Andalucía hasta que no se haya arreglado y limpiado la corrupción del mercado inmobiliario. En el caso de Menorca, quisiera que usted leyera las cartas adjuntas de “The London Times”, de Sir Richard Branson y del vicepresidente de Abusos Urbanísticos, No! (AUN), Charles Svoboda.

. A propósito de los menorquines implicados en este caso, quisiera advertirle de lo siguiente:

La existencia de profesionales está justificada para dar un servicio público de un nivel de competencia superior al requerido a un individuo privado ante la ley. En una entrevista el día 29 de septiembre del 2010 en las oficinas de Maó, un inspector de hacienda nos confirmó que el API implicado en este asunto tiene antecedentes penales por fraude. Es de suponer que ello es incompatible con una actividad profesional inmobiliaria.

Es también de suponer que los contratistas que trabajan para el estado, en este caso para el Govern Balear, deben atenerse a formas de conducta éticas. Si hay fraude o si cometen faltas contra la ley y éstas llegan al público, se pone en tela de juicio:

1 La integridad del contratista.

2 Sus cualificaciones para ser contratista.

3 La falta de competencia y de juicio del órgano de gobierno a la hora de otorgar los

contratos.

Ante la desesperación de esta pensionista británica, le ruego que examine atentamente su caso y que se interese por él. Le recuerdo que el pueblo espera legítimamente que sus gobernantes respondan con contundencia ante la evidencia de actuaciones abusivas, lesivas para los ciudadanos.

La confianza del pueblo en su gobierno no se mantendrá si se demuestra que:

1 Emplea contratistas corruptos y abusivos.

2 Tolera que individuos con antecedentes penales se admitan en los colegios profesionales.

3 El sistema legal no puede responder con efectividad a situaciones fraudulentas.

Dado la naturaleza tan seria del asunto, le ruego que, por una parte, advierta al Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de Propiedad Inmobiliaria de España y le solicite que:

1 Investigue la conducta del API en este caso

2 Explique cómo una persona con antecedentes penales continúa ejerciendo de API

Por otra parte, que proceda a suspender los contratos vigentes con el contratista implicado hasta que responda adecuadamente sobre la adquisición de la propiedad de la pensionista víctima del fraude.

Que encargue, además, una investigación independiente si el caso no se resuelve dentro de un intervalo razonable de tiempo.

Si no da curso a mi demanda, le ruego que me explique el porqué de su negativa, o el obstáculo que le impide actuar.

Dado el caso de esta pensionista ¿Cómo se puede justificar este fraude ante el pueblo y continuar pidiendo a los británicos, y en particular a los pensionistas británicos, que tengan confianza en sus operaciones de compra venta en Menorca?

Quedo a su disposición por si quiere un informe actualizado sobre este asunto.

Agradecería una rápida respuesta. Muchas gracias.

Atentamente,

Michael Lermontov Midgley

P. D. Envío copia a otros receptores.

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